El superávit acumulado a junio fue menor al comprometido con el Fondo. Economía deberá solicitar una excepción para avanzar con un desembolso de US$680 millones.
Tras la publicación del resultado fiscal del primer semestre, los especialistas del sector privado coincidieron en que el superávit primario acumulado a junio quedó por debajo de la cifra pactada por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La revisión técnica del organismo está prevista para fines de julio y se realizará sobre la información correspondiente a la primera mitad del año. Su aprobación desbloquearía un desembolso cercano a los US$680 millones.
El próximo 27 de julio, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Buenos Aires. Aunque no interviene directamente en el análisis técnico de cada revisión, es probable que el Gobierno le informe con anticipación sobre el incumplimiento y solicite un waiver para facilitar la liberación del pago.
De acuerdo con el informe matutino de Max Capital, “el superávit primario acumulado según la metodología del FMI fue de $6,3 billones a junio, cifra inferior a la meta establecida de $6,861 billones, lo que indica un incumplimiento del objetivo”.
En un sentido similar, Grupo SBS indicó que “sin considerar ingresos extraordinarios, la meta fiscal del primer semestre con el FMI quedó incumplida en aproximadamente $573.970 millones, aunque no consideran que esto afecte la próxima revisión”.
En cuanto a la meta anual, el Gobierno decidió flexibilizar el compromiso para 2026, reduciendo la meta de superávit del 2,2% al 1,4% del PBI. Los analistas de Max Capital manifestaron que todavía existe posibilidad de alcanzar este objetivo si las finanzas públicas mejoran en el segundo semestre.
El principal obstáculo será el deterioro real de la recaudación, producto del rezago en la actividad económica. La consultora LCG alertó que “la caída persistente en los ingresos impone un desafío mayor, ya que requiere un ajuste más fuerte en el gasto para cumplir la meta”.
Asimismo, LCG señaló que aunque el Gobierno tenga la intención de cumplir, el costo social y político del esfuerzo fiscal necesario podría ser elevado.
En este marco, el Ministerio de Economía adoptó medidas que reflejan esa preocupación: anunció una reducción menor en las retenciones, concentrada en trigo y cebada; postergó hasta 2027 la disminución de derechos de exportación sobre soja y derivados; aplazó hasta noviembre la implementación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL); y aplicó maniobras contables para reconocer una deuda con la Ciudad de Buenos Aires.
