El decreto 612/2026 otorga mayor margen a gremios y empresas para acordar contribuciones superiores al 2% previo.
El Gobierno nacional revirtió uno de los aspectos más polémicos de la reforma laboral al flexibilizar el financiamiento sindical. A través del decreto 612/2026, se suprimió el tope del 2% que restringía los aportes extraordinarios que las empresas podían realizar a los gremios, ampliando la base sobre la cual se calculan esos fondos.
Esta medida constituye un gesto hacia la CGT, devolviéndole a los sindicatos una mayor capacidad de negociación con las cámaras empresarias para definir contribuciones de mayor monto.
El decreto fue firmado el viernes 17 por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El cambio central implica que ya no existirá un límite del 2% para las contribuciones extraordinarias. Así, las organizaciones sindicales podrán acordar con las cámaras empresarias montos superiores dentro de los convenios colectivos de trabajo, sin estar sujetas al tope anterior.
Además, la norma modifica la base de cálculo de los aportes: deberá incluir el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y mensuales de origen convencional, excluyendo conceptos no habituales o no mensuales como bonos, premios, horas extras, aguinaldos, plus vacacional y sumas no remunerativas.
Los fondos deberán destinarse exclusivamente a actividades sociales, asistenciales, previsionales o culturales que beneficien a los trabajadores representados por el sindicato y serán administrados y documentados por separado del resto del patrimonio sindical, para garantizar transparencia y facilitar el control previo a la homologación de convenios colectivos.
Esta modificación representa un giro respecto a la reforma laboral aprobada en febrero y reglamentada en junio, donde la CGT había buscado sin éxito atenuar las restricciones al financiamiento sindical.
El Gobierno presentó el cambio como una precisión técnica para ordenar la aplicación de la normativa vigente, aunque su efecto real es otorgar mayor poder de negociación a la CGT frente al sector empresario.
