Un exsecretario de Lijo asume en un juzgado clave que investiga a la AFA y a Martín Insaurralde
El Gobierno nacional oficializó la designación de 33 funcionarios en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa mediante 28 decretos publicados en el Boletín Oficial. El presidente Javier Milei nombró 21 jueces, seis conjueces, cuatro fiscales y dos defensoras públicas para cubrir cargos federales y nacionales en la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias del país.
Entre los nombramientos sobresale Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue designado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y lideró la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Este juzgado, que hasta ahora estaba subrogado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, tiene una jurisdicción estratégica, que incluye el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal local. Allí se tramitan causas relevantes, como la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su expareja Jesica Cirio.
Además, el juzgado interviene en la causa por presuntas irregularidades relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino y la financiera Sur Finanzas, donde está imputado el empresario Ariel Vallejo, vinculado con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Otros nombramientos incluyen jueces de cámara en tribunales penales y laborales de la Capital Federal, así como vocales en cámaras federales de Resistencia, Salta y Mar del Plata, entre otras localidades.
En el Ministerio Público Fiscal fueron designados fiscales federales para unidades en Chaco, Mendoza, Paso de los Libres y Corrientes. En el Ministerio Público de la Defensa, Amanda Espino y María Laura Irastorza asumieron como defensoras públicas en Capital Federal y Río Negro, respectivamente.
Los decretos remarcan que todos los nombramientos cuentan con el acuerdo previo del Senado.
