Empresarios y sindicalistas frenaban la renegociación de convenios; la amenaza de judicialización fue clave para llegar al acuerdo
El decreto 612, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que protege la caja sindical, es el resultado de intensas negociaciones entre el Gobierno y la CGT, definidas por un funcionario libertario como "el partido más importante que la Argentina pudo haber jugado este fin de semana", junto con la final contra España.
La relevancia de este acuerdo radica en que la reglamentación de la reforma laboral había impuesto restricciones adicionales a las cuotas solidarias y aportes especiales que los empleadores deben pagar en los convenios colectivos. Esta situación no sólo generaba un riesgo de múltiples demandas judiciales, sino que también paralizaba la renegociación de cerca de 800 convenios colectivos, una meta central del Gobierno tras la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Según adelantó Infobae, tras semanas de diálogo reservado, se consensuó el decreto que corrige aspectos de la reglamentación original, la cual había perjudicado a los sindicatos en dos puntos cruciales para su financiamiento.
En primer lugar, el decreto 407 había cambiado la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados, pasando de un máximo del 2% de las remuneraciones totales a considerar sólo el "salario básico convencional", reduciendo así el monto recaudado.
La nueva normativa flexibiliza ese límite al ampliar la base salarial, incluyendo las sumas remunerativas normales y habituales de pago mensual, y excluyendo conceptos extraordinarios o no habituales como bonos, horas extras, plus vacacional y otros, garantizando así un cálculo más justo y acorde.
En segundo término, el decreto 612 excluye del tope del 2% los aportes y contribuciones empresariales destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales dentro de los convenios colectivos, siempre que se administren y documenten separadamente de otros fondos sindicales.
Esto beneficiará, por ejemplo, a las obras sociales sindicales, fundamentales para sostener el sistema de salud laboral, y obliga a los sindicatos a llevar una contabilidad diferenciada y transparente sobre estos recursos.
La CGT denunció que el decreto 407, emitido a fines de mayo y promovido por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, rompió el acuerdo logrado durante la reforma laboral y afectó negativamente las finanzas sindicales. La reciente apertura negociadora del Gobierno, con Diego Santilli como jefe de Gabinete, facilitó la escucha y respuesta a estas inquietudes, buscando una mejor relación de cara a las elecciones de 2027.
