Desde el oficialismo descartan que el pedido de Santilli para que renuncie sea parte de una estrategia coordinada y buscan evitar que las diferencias afecten la agenda parlamentaria.
El Gobierno procura desactivar la tensión generada con Victoria Villarruel y sostiene que la solicitud del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que la vicepresidenta "dé un paso al costado" no tendrá repercusiones institucionales. Según fuentes oficiales, se trató solamente de una respuesta a las críticas de Villarruel contra Javier Milei, sin planes de avanzar con acciones formales en su contra.
Desde la Casa Rosada advierten que esta disputa no altera el análisis que mantienen sobre Villarruel desde hace meses. Consideran que la vicepresidenta buscará presentarse en las próximas elecciones con una estructura propia y se posiciona como una referente opositora de perfil nacionalista y conservador. En Nación señalan: "Que arme su proyecto en otro lado".
No obstante, en el Gobierno descartan que Villarruel abandone su puesto. Un funcionario de alto rango afirma: "No se va a ir". Además, interpretan que la tensión forma parte de una serie de cruces que vienen desde el inicio de la gestión entre Milei y Villarruel.
El entorno de Santilli aclara que el planteo no respondió a una estrategia coordinada para forzar la salida de Villarruel, sino a una posición personal frente a las críticas hacia Milei. "No está en el ADN de Diego Santilli derribar a alguien desde adentro. Respondió lo que piensa", expresan cerca del jefe de Gabinete.
En la Casa Rosada aseguran que no habrá pedidos institucionales ni movimientos formales contra la vicepresidenta. "Le preguntaron y respondió. No hay más vueltas", afirman, intentando impedir que la declaración de Santilli se interprete como el inicio de una ofensiva para desplazarla.
Analizan que las diferencias comenzaron antes de asumir, vinculadas al cierre de listas de 2023 y a la decisión de Milei de no ceder a Villarruel el control de los ministerios de Defensa y Seguridad, que quedaron bajo Luis Petri y Patricia Bullrich.
El oficialismo señala que desde entonces Villarruel construyó un perfil más independiente, evidenciado en diferencias legislativas, críticas públicas al Presidente y enfrentamientos con dirigentes libertarios. Pese a ello, el Ejecutivo busca mantener un canal institucional con la titular del Senado.
Reconocen la necesidad de evitar un foco de conflicto en el Senado mientras intentan reactivar la agenda legislativa del segundo semestre. Proyectan sesiones semanales los jueves y avanzar en proyectos clave como propiedad privada, Hojarasca, Ley de Salud Mental y la reforma del Etiquetado Frontal.
La relación con Patricia Bullrich también es parte del equilibrio. Tras semanas de fuertes cruces, la jefa del bloque libertario retomó el diálogo con Villarruel para bajar tensiones y conservar un canal abierto de cara a las próximas sesiones.
En la Casa Rosada valoran esta actitud como una señal de que, más allá de las diferencias, existe margen para sostener la coordinación parlamentaria y evitar que conflictos personales obstaculicen las negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores. Admiten que el Senado sigue siendo el espacio legislativo más complejo.
Allí buscan destrabar proyectos sensibles y avanzar con pliegos judiciales estratégicos para la segunda parte del mandato. En el Gobierno aseguran que la discusión con Villarruel no impacta en esa estrategia, y consideran que la vicepresidenta continuará diferenciándose del Presidente, en función de un proyecto político propio y no de una disputa coyuntural.
