El dirigente conversó con NORTE y planteó revisar las políticas tributarias y observar las estructuras fiscales de países vecinos. Llamó a medidas que abarquen Nación, provincias y municipios.
El exministro de Economía del Chaco, Rubén Federico Piceda, manifestó que la Argentina debe avanzar hacia la disminución de la presión fiscal en todos los niveles del Estado —nacional, provincial y municipal— si quiere recuperar competitividad y mantener a las empresas frente a la apertura económica. En diálogo con NORTE, el economista destacó que el problema no reside en un impuesto puntual, sino en una estructura de costos que acumuló tributos, regulaciones y cargas a lo largo de décadas, afectando la producción.
«Si no se reduce la presión fiscal y se ordena el sistema tributario —Nación, Provincia y Municipio— los tres deben hacerlo, porque el país es inviable si no es competitivo», afirmó Piceda al analizar el panorama económico actual.
Para el exfuncionario, el debate tributario cobra mayor relevancia en un contexto de apertura gradual de la economía argentina, donde los consumidores tienen más acceso a productos importados. Esto, explicó, obliga a las empresas nacionales a competir no solo entre ellas, sino también con productores de otros países con estructuras de costos más bajas.
Piceda mencionó el caso de Paraguay para dimensionar la diferencia en presión fiscal. Según su estimación, la carga tributaria total para una empresa argentina es mucho más alta que en ese país. «En Paraguay la presión fiscal para una empresa debe rondar el 25%, mientras que en Argentina supera el 40%», sostuvo.
INGRESOS BRUTOS
Uno de los principales cuestionamientos de Piceda fue hacia el impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que calificó como «perverso» por su carácter acumulativo a lo largo de la cadena productiva.
«Ingresos Brutos es un impuesto que afecta duramente los costos empresariales», afirmó. Recordó su participación en el Pacto Fiscal Federal de 1993, cuando se debatieron modificaciones en la estructura tributaria nacional y provincial. «Participé en el pacto donde se negoció pasar de 18 a 21%, pero logramos sacar Ingresos Brutos de la producción primaria e industrial», rememoró.
La razón es el efecto acumulativo del impuesto. «Si se cobra Ingresos Brutos en producción primaria, industrial, comercio y servicios, se acumulan cuatro veces», explicó.
Para Piceda, la discusión fiscal no puede limitarse a cuánto recauda cada jurisdicción, sino que debe evaluar cuánto impacta cada tributo en el precio final de bienes y servicios y, por ende, en la capacidad de competencia de las empresas.
En ese sentido, mencionó también el impuesto a los sellos y rememoró que en aquel acuerdo se buscó disminuir su incidencia en ciertos sectores productivos. «Sellos también fue prácticamente eliminado en producción primaria e industrial», señaló. El economista también destacó períodos donde se redujeron aportes patronales, con alcances variables según las actividades.
Piceda relacionó la presión fiscal con la apertura económica. La posibilidad de adquirir productos extranjeros a través de diversas plataformas modifica las reglas de competencia para las empresas locales.
«El déficit previsional demanda $300.000 millones anuales y debería ser prioridad en la Legislatura»
El sistema previsional chaqueño se convirtió, según Rubén Piceda, en uno de los problemas estructurales más importantes que enfrenta la provincia. El exministro recordó que durante su gestión en los 90 ya existían alertas sobre el crecimiento del déficit de la caja previsional y cuestionó que, décadas después, el problema se haya profundizado.
«Uno de los temas que más recuerdo de mi gestión fue defender en la Legislatura el proyecto del exgobernador Rolando Tauguinas para transferir el sistema previsional a la Nación», relató.
En ese entonces, el déficit era cercano a cinco millones de dólares, pero lo preocupante eran las proyecciones sobre la evolución futura.
La propuesta fue aceptada por varias provincias. «Trece provincias optaron por enviar el sistema a Nación, pero once quedaron afuera, entre ellas Chaco», recordó.
El problema principal, según Piceda, está en la relación entre trabajadores activos y jubilados. Explicó que un sistema previsional saludable requiere alrededor de cuatro aportantes por jubilado. «Para garantizar una buena atención al jubilado, debe haber cuatro empleados activos aportando», indicó.
«Si las políticas macroeconómicas del gobierno buscan reducir la estructura estatal, habrá menos empleados activos. Ya hay un plan de retiros. Eso genera más pasivos que activos», alertó.
La gravedad del problema se refleja en los recursos que la provincia debe destinar para sostener el sistema. «Consideremos que se lleva, entre comillas, 300.000 millones de pesos por año, equivalentes a 200 millones de dólares», advirtió.
